Por: Mónica González, corresponsable del Consultorio Ético
Esta es la última entrega de una serie de cuatro columnas en las que Mónica González explorará cómo la nueva geopolítica refundacional —a la que nos enfrentan algunos de los gobiernos más extremistas y poderosos del mundo— empieza a impactar en el ejercicio del buen periodismo y en las democracias ya tambaleantes de nuestra región.---
La guerra que nos declaró Donald Trump y su círculo estrecho se nos vino encima en un año decisivo para América Latina. Trump nos amenaza con su discurso de eliminación a migrantes, minorías y todo aquel que entorpezca sus planes de control total en alianza con los megarricos tecnofeudales mientras lo urgente es otra guerra: el combate contra el crimen organizado que ha mutado hacia estructuras transnacionales altamente profesionalizadas. Es esa la gangrena que nos tiene convertidos en la región más desigual y violenta del mundo. El pasado diciembre, la fundación InSight Crime concluyó en un estudio que la gobernanza criminal dominó las Américas en 2024: “De México a Venezuela, pasando por Ecuador, los grupos criminales penetraron en los gobiernos, cooptaron a las élites y dominaron a las fuerzas de seguridad”.
Los índices son elocuentes. Según un balance de homicidios de 2023 realizado por InSight Crime la región registró una tasa promedio aproximada de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, de los cuales el 50 % está asociado al crimen organizado. La cifra es corroborada por otro estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que agrega un índice que muestra su impacto: representa el 3,4% del PIB de la región. El BID, la Cepal, y organismos e instituciones especializadas en auscultar nuestras democracias y los riesgos que enfrentan llegan a un consenso: la principal amenaza de la región es la acción del crimen organizado y el narcotráfico.
El presidente de Estados Unidos no habla de las cabezas financieras de esas bandas ni mucho menos de sus nexos con multinacionales de la minería, el petróleo, el gas, el agua y la agroindustria en la región. En la vorágine de órdenes ejecutivas que firmó desde el mismo día en que asumió, el 20 de enero, no hubo ni una sola referencia a ese combate tan necesario para sostener las democracias.
En una de esas órdenes declaró “asociaciones terroristas” a seis carteles del crimen organizado mexicano y dos pandillas que operan en América. ¿Qué impacto real tendrá sobre las bandas criminales? Incógnita. Solo sabemos por ahora una consecuencia. “México está gobernado en buena medida por los cárteles”, acusó Donald Trump el 17 de febrero en conferencia de prensa. En ese mismo momento se supo que más de 10 drones de espionaje de la CIA no solo vigilan la frontera entre Estados Unidos y México, sino que se han internado en tierra mexicana. “Violación territorial”. Exactamente lo que teme la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Lo que también vimos –y en despliegue cinematográfico– fue cómo Trump y sus asesores les declararon la guerra a los más de 11 millones de inmigrantes latinoamericanos “criminales” y “violadores” que –acusa– han invadido su país a través de la frontera sur. Los responsabilizó por la crisis de salud provocada por el consumo de fentanilo y prometió detener esa “invasión” con las facultades extraordinarias que le entrega la Orden Ejecutiva 14159 (“seguridad nacional”).
Haciendo eco del presidente Trump, senadores republicanos de Misisipi y Misuri proponen premiar con mil dólares a los ciudadanos que delaten a extranjeros para que los deporten. La violencia se palpa en las calles con redadas sorpresivas; buscan inocular terror entre los 13 millones de inmigrantes sin papeles que se estima viven en EE. UU. En su gran mayoría, trabajan, e incluso en 2022 pagaron más de US$95.000 millones en impuestos federales, estatales y locales. Menos del 4% tiene antecedentes criminales. Son datos del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
Falta un pequeño detalle en ese bien montado escenario. Si el presidente Trump quiere dar la batalla frontal contra ese otro poder tan real como oculto necesita cortar la ruta del botín de los traficantes. Y perseguir el lavado de dinero de los jefes reales del multimillonario negocio del tráfico de drogas es diametralmente distinto a eliminar a los caudillos locales del negocio. Hasta hoy, no hemos escuchado ni de Donad Trump ni de su secretario de Estado, Marco Rubio, nada que indique que usará todo su poder y la infinidad de herramientas de inteligencia desplegadas por todo el mundo para identificar y eliminar las estructuras ilegales financieras y de penetración política, económica y militar del crimen organizado transnacional en América Latina. Para el lavado de dinero la mayoría opera en Estados Unidos.
Por el contrario, otra orden ejecutiva del presidente Trump, asesorado por su socio en recortes radicales, Elon Musk, fue el cierre y suspensión de todas las actividades de la entidad que vigila a Wall Street: la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada tras la grave crisis financiera de 2008, precisamente para fiscalizar los abusos de los grandes bancos. El nuevo director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought –coautor del Proyecto 2025, una iniciativa ultraconservadora que ha guiado varias de las reformas estructurales de la actual administración–, comunicó a los empleados de la CFPB que la agencia cesa “toda actividad de supervisión y examen”. Musk, entusiasta, posteó en su cuenta de “X”: “CFPB RIP”.
Otro factor clave en esta guerra que ha declarado Trump son las armas con las que impone su poder el crimen organizado. Si las bandas criminales son declaradas “asociaciones terroristas”, lo que corresponde es perseguir a quiénes los proveen de arsenales: sus “cómplices de terrorismo”. Más aún cuando las cifras oficiales en EE.UU. revelan que el 74% de las armas incautadas a delincuentes en México y Centroamérica proviene de su propio país. Cada año se trafican entre 200 mil y 500 mil armas por la frontera con destino al sur. No ha habido ni una sola orden de Trump destinada a perseguir a los poderosos dueños del tráfico de armas desde Estados Unidos. Saben quiénes son sus jefes y cómo funciona el negocio. ¿Por qué no los atacan? Eso también se pregunta la presidenta Sheinbaum desde México.
Mientras Donald Trump hace alarde de cómo somete a millones de latinoamericanos y de cómo busca someter a otros en las guerras de Gaza y Ucrania, las bandas del crimen organizado siguen asolando y haciéndose del control del territorio de América Latina. Puede que Ecuador sea hoy el país símbolo.
La violencia que se instaló en Ecuador
En solo seis años Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de la región. Entre 2016 y 2022 la tasa de homicidios se disparó casi 500%, llegando a 81 por cada 100.000 habitantes (InSight Crime). Y ocurrió luego de que las mafias del crimen transnacional se tomaran sus puertos como vía clave para el tráfico de cocaína traída de Colombia y Perú hacia EE. UU. y Europa. Por las mismas vías reciben armamento y logística para expandir su control total en el territorio del país.
Al ritmo del aumento de secuestros, extorsiones y minería ilegal, la pobreza no cede ni un ápice (28%). Solo tres de cada 10 personas tienen empleo fijo (Instituto Nacional de Estadística y Censos); siete de cada 10 jóvenes no tienen empleo y de los 200.000 bachilleres que han egresado en los últimos tres años, apenas la mitad ha podido continuar estudios de educación superior. Botín fresco para el reclutamiento de “soldados” del crimen organizado en donde los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan poder con la mafia de los Balcanes, como indica un estudio de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
El crimen organizado ha sido el eje de la reciente elección presidencial en Ecuador, pero sólo en la lírica de las campañas de Daniel Noboa, que busca la reelección, y Luisa González. Si el 13 de abril se dirime la segunda vuelta entre Noboa y González, difícilmente algo cambiará. En el nudo central de la disputa territorial ahora se agregan las élites agroindustriales, cuyas ganancias atraen a las mafias transnacionales. Noboa le promete a Donald Trump devolverles a los estadounidenses la base militar que tuvieron hasta 2009, en el puerto de Manta. Allí hacían monitoreo de inteligencia aérea y naval en la región. Ese regreso puede provocar más violencia en una zona dominada por las mafias. Y disparar la ira en una población que aún contiene el grito después de que, en diciembre, cuatro niños –detenidos por militares cuando jugaban fútbol en Guayaquil– fueron encontrados calcinados y con huellas de torturas atroces. Desde el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el terror no deja de crecer en Ecuador, asfixiando los sueños y la libertad de sus ciudadanos.
Lo que tampoco amaina es la migración, la huida hacia el norte. A esas mismas columnas de hombres, mujeres y niños que Trump les declaró la guerra. Y que seguirán creciendo en una fuga hacia algún lado, porque además de la violencia, la crisis climática sigue provocando estragos.
La crisis climática sí mata
Lo que tampoco ha dicho el presidente Donald Trump es qué hará su país ante la crisis que se avecina. Seguir en el vértigo de obtener más y más ganancias de la explotación del petróleo, pese a ser la principal amenaza para la humanidad, puede servirle hoy para tener a las grandes petroleras a su lado, pero es muerte para mañana. ¿Cómo enfrentará la estampida de la población que debe escapar por inundaciones o porque ya no tienen agua para vivir?
El Banco Mundial es escueto y preciso: para 2050, más de 140 millones de personas en América Latina podrían convertirse en migrantes climáticos, obligados a abandonar sus hogares debido a la pérdida de sus medios de vida.
La guerra declarada por Donald Trump es un gesto brutal en un momento de inflexión. Un exhaustivo estudio de la universidad británica de Reading diseccionó cómo el calentamiento de la superficie de los océanos se ha cuatriplicado en las últimas cuatro décadas. Eso explica las altas temperaturas oceánicas sin precedentes que se registraron a nivel global en 2023 y comienzos de 2024. Una frase notable destaca: “La superficie del océano marca el ritmo del calentamiento global”.
La desigualdad también mata
Si algo dejó en claro Donald Trump apenas llegó al Salón Oval es que no usará su poder para fiscalizar a empresas multinacionales ni superricos. Y sin maquillaje ni diplomacia proclamó su rechazo a un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, un acuerdo sancionado por la OCDE. También rechazó la propuesta hecha en el G-20 en noviembre pasado por Brasil –junto a Sudáfrica, Alemania y España– de un impuesto global del 2% a la riqueza de los multimillonarios del mundo. Aunque solo afectaría a 3.000 de los súper ricos, recaudaría unos US$250.000 millones, suma que iría a los fondos destinados a mitigar pobreza y crisis climática.
Los datos que entrega George Monbiot en The Guardian, remecen: en los dos años siguientes al inicio de la pandemia, el 1% más rico del mundo acaparó el 63% del crecimiento económico. Y la fortuna colectiva de los multimillonarios aumentó en US$2.700 millones al día. Entre 2020 y 2023, los cinco hombres más ricos del planeta duplicaron su riqueza. Nuevamente el buen periodismo hace su aporte. Utilizando registros rescatados por periodistas de investigación, Oxfam calculó que uno de esos hombres más ricos del mundo, Elon Musk, paga un “tipo impositivo real” del 3,27%, y Jeff Bezos menos del 1%. Todo gracias a la ingeniería tributaria que les permite evadir impuestos y explica el crecimiento exponencial de sus fortunas.
De hecho, Elon Musk sigue sacando provecho de sus negocios a pesar de estar a cargo de hacer un recorte de dos billones de dólares del presupuesto de Estados Unidos. Sus empresas –Tesla, SpaceX, xAI y red social “X”-- han aumentado en US$613 millones su valor desde la elección de Donald Trump en noviembre pasado. Su valor neto ahora es de US$397.000 millones. Eso vale el poder que adquirió al asociarse a Donald Trump.
Lo último de Elon Musk: está creando su propia ciudad empresarial en Texas. Y en conexión directa con otra de sus ambiciosas apuestas: colonizar Marte. Los empleados de la empresa SpaceX, que se ocupa de los programas de la carrera espacial, entre otros, presentaron petición formal para crear la ciudad de Starbase.
Lo que viene
Nueve días después de que Donald Trump asumiera el poder, el presidente de Brasil Luiz Ignácio Lula da Silva escribió en la red social “X”: “Recibí una llamada del presidente de Chile, Gabriel Boric, para abordar temas de interés para nuestros países. Reforzamos la importancia de trabajar por la integración de América Latina y el Caribe en el contexto actual, dados los desafíos históricos de combatir las desigualdades y promover inclusión social y desarrollo sostenible. También hablamos de preparar la reunión de líderes en defensa de la democracia, que pronto será en Chile”.
Poco se sabe de esta reunión de líderes que se acordó en septiembre de 2024, durante la 79° Asamblea General Naciones Unidas, en Nueva York, en una cita especial “En Defensa de la Democracia: Combatiendo el Extremismo”. Veremos quién concurre a esta cita clave para lo que viene, a sabiendas de que quien asista será puesto en la lista de enemigos de Donald Trump, Elon Musk y sus socios.
Obviamente el presidente de Argentina, Javier Milei, el más estrecho aliado de Trump en Sudamérica, no asistirá al encuentro en defensa de la democracia. Trump es su líder para avanzar en la agenda ideológica de ultraderecha, y un “aliado estratégico y fundamental para conseguir apoyo y financiamiento de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, según el diario Folha de Sao Paulo.
Entre Milei y Trump no todo es eliminar y de raíz la agenda de género y de igualdad y diversidad. El componente militar los seduce a ambos. Y no pierden tiempo. Ya acordaron la instalación de un puerto y base logística conjunta en Tierra del Fuego. Y el gobierno argentino le entregó al Cuerpo de Ingenieros de las FF.AA. de Estados Unidos, el monitoreo, control y vigilancia de la navegación por la vía troncal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, en el tramo argentino, desde Confluencia hasta la desembocadura del Río de la Plata. Y habrá más.
Javier Milei estará acompañado en el grupo de países que incentivarán la guerra de Trump. Por lo que se ha visto la presión de Trump se hará sentir con fuerza y mediante amenazas sobre los presidentes de la región. Aunque a varios de ellos no habrá necesidad de presionarlos.
Para lo que viene será importante el desenlace de las elecciones en la región este año: segunda vuelta elecciones presidenciales en Ecuador (13 abril); elección presidencial en Bolivia (17 de agosto), Chile (16 de noviembre) y Honduras (30 noviembre); y elecciones legislativas en Argentina (26 octubre). Todas ellas podrían reconfigurar el mapa político regional
A ello se suman eventos que darán el pulso de hacia dónde va en América Latina la guerra que inició Donald Trump: la elección del nuevo secretario general de la OEA (marzo 2025), la Cumbre de las Américas (noviembre 2025, en República Dominicana) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio Climático, COP30 (noviembre 2025, en Belem, Brasil). Esa reunión constituirá un hito clave para el futuro de la humanidad como la conocemos.
Para todas ellas, el liderazgo de Brasil será pieza fundamental. Pero no será fácil. Al presidente brasileño Lula da Silva, quien inició la segunda mitad de su mandato de cuatro años, el clima interno se le ha vuelto mucho más hostil con la llegada al poder de Trump. A pesar de haber regresado al pódium de las 10 economías más grandes del mundo y tener la tasa de desempleo más baja en 12 años, la oposición tiene mayoría en el Congreso. Uno de sus flancos más débiles es la Amazonía. Allí la violencia y el crimen organizado con la minería ilegal y la deforestación sigue avanzando.
Venezuela: incógnita
No es fácil dibujar una línea interpretativa sobre lo que ocurrirá este año con este sorpresivo acuerdo Donald Trump-Nicolas Maduro. En migración al menos ha dado ya pasos sorprendentes. Aquí no hubo amenazas ni humillaciones. Trump envió a Caracas a su representante especial, Richard Grenell, y las deportaciones comenzaron poco después. El lunes 10 de febrero dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa volaron hasta El Paso (Texas) y se llevaron a los primeros 190 venezolanos deportados. El 20 de febrero partieron desde Guantánamo otros 177 venezolanos. Llegaron a Honduras y de allí directo a Caracas. Entonces se supo que el marido de la presidenta Xiomara Castro, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, también participó del acuerdo Trump-Maduro.
Y los venezolanos deportados seguirán saliendo, a pesar de que un análisis hecho por el buen periodismo indica que la gran mayoría de los que ya se fueron no tenía ofensas graves en sus antecedentes penales. Algunos tenían expedientes limpios. Una ruta inesperada para 300.000 venezolanos a quienes una orden ejecutiva del presidente Trump los despojó de la protección con la que entraron legalmente a Estados Unidos en los últimos años. Hoy son indocumentados y candidatos a Guantánamo o a la deportación.
Maduro nada dice sobre lo que hace con los deportados.
Por ahora, una dictadura y un presidente autoritario saborean sus triunfos. Maduro ha conseguido una insólita validación a pesar de no haber mostrado nunca las actas electorales de la elección presidencial que acreditan su triunfo. Trump consiguió deportar con insólita rapidez a venezolanos jactándose de que eran miembros del “peligroso Tren de Aragua”.
Sobre lo que encierra la letra chica de ese acuerdo: silencio. O desinformación. Una de las lacras más tóxicas de lo que viene.
Desinformación, arma de guerra
No fue un chiste de mal gusto. Una semana después de que Trump asumiera la presidencia, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hizo un peculiar anuncio. Se otorgarán credenciales de prensa a creadores de contenido que “produzcan noticias legítimas”, en forma de tiktoks, blogs y pódcast. ¿La razón? Leavitt lo dijo sin ruborizarse: esta sala de prensa debe reflejar los hábitos mediáticos de los estadounidenses en 2025, y no los de la década de 1980.
“La verdadera oposición son los medios. Y la forma de lidiar con ellos es inundar el terreno con mierda”, dictaminó Steve Bannon cuando era jefe de la estrategia del presidente Donald Trump, en 2018, en su primer mandato. Y se inundaron las redes y los medios de mierda. Fue el inicio de la industria de la desinformación cuyo objetivo principal es impactar y manipular a la opinión pública incluso en sus decisiones políticas, lo que permite manipular elecciones. Se trata de una industria que se basa en nuestras emociones, en información de nuestros deseos y frustraciones más íntimas y genera miles de millones de dólares. Grandes empresas deciden qué es información y cómo la harán circular. Lo grave: opera en plataformas que protegen y aseguran el anonimato a sus productores.
Ahora, en su regreso, el principal socio de Trump en la Casa Blanca es Elon Musk, dueño de la red social “X”, el gestor de esa estrategia –amplificada, perfeccionada y sofisticada–. Musk lleva el control día a día de la narrativa, la nueva guerra cultural, y la principal herramienta que permite ganar las guerras.
Y como estamos en guerra, y lo que Trump y Musk quieren imponer es libertad total para la desinformación en redes sociales y medios en el mundo, el presidente de EE. UU. acaba de firmar un memorándum amenazando con aranceles y otras represalias a la Unión Europea y Reino Unido por imponer reglas de moderación de contenidos con las cuales se pueda combatir la desinformación y los “bulos” en las redes sociales estadounidenses como “X” y Facebook. Y le ordena al secretario del Tesoro, al secretario de Comercio y al Representante Comercial de EE. UU. “investigar si cualquier acto, política o práctica de cualquier país de Unión Europea o Reino Unido tiene el efecto de exigir o incentivar uso o desarrollo de productos o servicios de empresas estadounidenses de manera que socave la libertad de expresión y participación política o modere contenidos de otro modo”.
Para darle fuerza a esa investigación, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, acaba de acusar a Europa de “cercenar la libertad de expresión”. No, no es tampoco un chiste. De hecho, Vance no tiene humor. Porque si hay una red social acusada de difundir y amplificar difusión de información falsa, bulos, manipular algoritmos y auspiciar y poner megáfono a propaganda política de ultraderecha y discursos de odio, es “X”. Su dueño: Elon Musk. De hecho, la Unión Europea la investiga por hechos ocurridos con información delicada en Reino Unido y Alemania. Ahora la UE es amenazada con aranceles si sigue investigando.
No hay tregua en esta batalla. Porque en estos días otra audaz intervención en política extranjera fue ejecutada por Donald Trump y Elon Musk. A través de su empresa de medios (Trump Media Group, creada en 2021), Trump demandó el 19 de febrero al juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre De Moraes. Lo acusó de censura al ordenar la eliminación de cuentas de aliados del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en redes sociales. Lo hizo un día después de que la Fiscalía Nacional de Brasil acusó ante un tribunal a Bolsonaro y 33 de sus colaboradores de organizar un Golpe de Estado el 8 de enero 2023 y de formar una organización criminal armada, luego de que fuera derrotado en las urnas y buscara impedir que Lula da Silva asumiera el mando del país.
La investigación judicial exhibió pruebas documentales y testimoniales que deberían terminar con Bolsonaro en la cárcel por más de 30 años. La Policía Federal incluyó un plan de miembros del Ejército para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al supremo De Moraes. The New York Times recordó que Bolsonaro pidió explícitamente a Trump tomar medidas contra el juez De Moraes en entrevista con ese periódico estadounidense el mes pasado. Y eso es lo que ha hecho Trump con su demanda en favor de Bolsonaro, ultraderechista y acusado del mismo delito del que fue acusado él, con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Por si alguien aún tiene dudas de la guerra que declaró Donald Trump, hay que leer el mensaje que envió estos días al destituir al máximo mando militar de Estados Unidos, el general Charles. Q. Brown, promotor de la diversidad en el Pentágono y segundo afroamericano en llegar a ese nivel después de Colin Powell. Trump nombró como su reemplazante al teniente general Dan “Razin” Caine: “Junto al secretario Pete Hegseth (expresentador de TV y secretario de Defensa), el general Caine y nuestros militares recuperarán la paz mediante la fuerza, pondrán a Estados Unidos Primero y reconstruirán nuestras fuerzas armadas”, dijo.
Fue el inicio de una razzia en las FFAA. El secretario de Defensa Hegseth la definió así: es para eliminar la mentalidad igualitaria y los programas de promoción de la diversidad en el Pentágono por lo que se destituirán a los que han promovido esa cultura o se han beneficiado de ella.
China: blanco y peligro mayor para Trump
Estamos en guerra. Y en la guerra se usa desinformación y armas. Las cifras lo dicen: US$2,4 billones. Es lo que gastó el mundo en 2023 en armamentos. El alza del 7% del gasto militar es el mayor en 15 años (SIPRI de Suecia). Estados Unidos, Rusia y China están gastando en este preciso momento mayores sumas de dinero en armas. Incluso nucleares. Se preparan para la gran guerra.
Para Estados Unidos lo prioritario es ganar tiempo y dinero para la única guerra que sí cuenta: contra China. Y en esa estrategia por ahora importa hacer retroceder la influencia de Pekín y mantener la hegemonía global y tecnológica de Estados Unidos
Lo ocurrido recién en Panamá, en donde obligó en pocas horas –y bajo amenaza de intervención militar– a que el gobierno de ese país rompiera sus contratos con una empresa china que administraba dos puertos del canal fue solo un anuncio. Para el país que en esta región establezca relaciones económicas o políticas estrechas con China el ataque será directo y sin diplomacia.
Por eso los ojos hoy se posan en Perú. Allí el máximo líder de China acaba de inaugurar el Megapuerto Chancay –con inversión china de más de US$3.500 millones–, que modificó la geopolítica de la región ya que consolida sus rutas marítimas estratégicas con América Latina (La Nueva Ruta de la Seda). Será operado por la sociedad Terminales Portuarias Chancay y la empresa china COSCO Shipping Ports y a través de un corredor bioceánico se conectará con el Océano Atlántico. Según el Council on Foreign Relations, China ya tiene participación en 101 puertos en todo el mundo, una estrategia que lo posiciona en puntos clave del comercio internacional. Chancay será, por su dimensión y capacidad, una las principales vías con el Asia, compitiendo con el Canal de Panamá (José Miguel Amiune – MEER)
La guerra que nos corroe
Para todos quienes conocen la profundidad de la crisis provocada por la acción de las bandas criminales lo fundamental es volver a recuperar el territorio. Arrebatarles barrios y ciudades a las mafias. Y en eso el buen periodismo ha jugado –y lo sigue haciendo– un rol fundamental. Por eso nos atacan. Nos persiguen, nos acosan e incluso nos matan. Son crímenes cuyo sello es la impunidad. América Latina sigue siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el buen periodismo. No cualquiera.
El peligro letal –dice Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia–, es la “reconfiguración de bandas armadas ilegales en varios países de la región que cada vez están consiguiendo mayor poder y amenazan el periodismo para controlar la información. Hay una relación directa entre el aumento de los ataques contra periodistas y esta reconfiguración de los grupos ligados al narcotráfico. Como estrategia buscan silenciar al periodismo para generar miedo en la ciudadanía. No hay respuesta al efecto colectivo que genera el asesinato de un periodista: censura y miedo”, afirmó a LatAm Journalim Review.
En este momento crítico hay una pregunta clave: cómo actuar –y a la brevedad– para frenar esta amenaza. Y la respuesta que encuentro a mi alrededor en esta potente red del mejor periodismo iberoamericano que se reúne en un férreo círculo alrededor de la Fundación Gabo es: resistir. Y para ello dos caminos que se convierten en uno: 1) Hacer más y mejor periodismo. 2) Combatir la desinformación identificando a quienes la financian, la organizan, la producen, la masifican. Seguir la ruta del dinero. Tal cual lo hace el periodismo de investigación para combatir el crimen organizado.
Esta red se ha convertido en una herramienta masiva y poderosa para combatir la desinformación, el crimen organizado y el autoritarismo. Para formarnos en las mejores técnicas del periodismo de investigación, de la narrativa para cautivar con la verdad, para defendernos y cuidarnos. Hoy sabemos que no es verdad lo que Donald Trump afirmó el 20 de enero: "Nos encanta la Oficina Oval. Las guerras comienzan y terminan allí. Todo comienza y termina en la Oficina Oval". Porque no todas las guerras terminan en el Salón Oval de la Casa Blanca. Hay otras que terminan cuando la cobardía por tantas traiciones nunca asumidas muta y se abre paso la verdad. Eso sí lo sabemos. Y para eso trabajamos.
Hoy el buen periodismo se ha convertido en el cordón umbilical que le permite a la ciudadanía saber la verdad de lo que ocurre, combatir el odio, la mentira y el miedo que le quieren inocular en las venas. Y combatir la muerte con un arma imbatible: el amor. Como decía nuestro maestro, Gabriel García Márquez: “El amor es el tema más importante que existe en la historia de la humanidad. Algunos dicen que es la muerte. No creo, porque todo está relacionado con el amor. No hay una historia mía que no tenga un poco de amor, si se lee con cierto cuidado”.